Como abogados patrocinantes de los 370 profesores demandantes, y a propósito de la solicitud de posponer la retención de la subvención educacional formulada por el Concejo Municipal de Punta Arenas, como también de las informaciones aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación regional, estimamos necesario comunicar lo siguiente:
1- La demanda que da origen a la deuda de $4.029.087.585.- fue interpuesta en febrero de 2015 por 370 profesores en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, como trabajadores de dicha entidad, por lo que no corresponde endosar responsabilidad en ella a ninguna organización sindical o gremial.
2- Es en esta calidad de trabajadores que los demandantes, en justo ejercicio de sus derechos, el día de hoy están cobrando remuneraciones que se les adeudan desde al menos el año 2010, y no “reventar el sistema”, como erróneamente se ha señalado. Así entonces, resulta injusto pretender exigir a trabajadores que sean más flexibles al cobrar parte de sus sueldos impagas por años. Especialmente, si entre los demandantes existen ya 2 profesores fallecidos que no alcanzaron a recibir sus pagos, en tanto que otros 106 son jubilados.
3- No es efectivo que la retención haya sido sorpresiva para la Municipalidad de Punta Arenas, puesto que al asumir la actual administración, la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo que ordenó el pago ya se encontraba ejecutoriada y no era susceptible de ningún recurso. Refrenda lo anterior el hecho que estos abogados hayan intentado el cobro de la deuda por otros medios, incluido el embargo de 11 cuentas corrientes de la Corporación Municipal, a las que no ingresaron más recursos una vez que se solicitó dicha medida.
4- La actual administración municipal está pronta a cumplir 2 años, período en el cual jamás fuimos contactados para buscar una solución colaborativa a este conflicto. Sólo en los últimos días de agosto se nos realizó por la Corporación Municipal una propuesta de pago, que implicaba a los docentes esperar 5 años más para lograr el pago, la que fue rechazada por éstos en asamblea ampliada. Y no fue sino hasta ayer miércoles 26 de septiembre que se nos solicitó por el Concejo Municipal dejar sin efecto la retención, a fin de asegurar el pago de las remuneraciones de los trabajadores de la CORMUPA y la continuidad del servicio educacional, ambas cuestiones de las que ni los docentes demandantes ni sus abogados somos responsables.
5- Por estas razones, hemos decidido no dejar sin efecto la retención de la subvención del mes de septiembre, puesto que además de tratarse de una orden judicial, confiamos en que los responsables del gobierno y gestión de la educación municipal serán capaces de encontrar una solución que no implique perjudicar los legítimos derechos de los profesores. Sin otro particular,
GUILLERMO SOTO AGUILERA – Abogado
KARINA MANCILLA BARRÍA – Abogada
Estudio Jurídico Magallanes
