El proyecto de Sala cuna Universal es una iniciativa del Ministerio del Trabajo, que aún no ha sido analizada ni discutida con el Ministerio de Educación, por tanto, no es difícil darse cuenta de que el enfoque de derecho y de garantías para ambas poblaciones, mujeres trabajadoras y primera infancia, aún no son contrastadas y por tanto van por vías distintas.
Habría que decir que el Estado chileno desde el año 2014 viene implementando políticas que deben garantizar el acceso a la educación desde la cuna, en establecimientos que cumplan con una serie de características, no sólo en su forma, sino que en sus sentidos respecto a garantizar educación de calidad. Para esto los dos prestadores públicos, más importantes del país, JUNJI e INTEGRA han venido desarrollando un trabajo sistemático y permanente para generar las mejores condiciones para llegar a la atención universal, en algún momento, de toda la población infantil desde los 3 meses a los 4 años.
Respecto de las alertas que nos hace Educación 2020 de este proyecto y profundizando en el retorno del copago y la segregación , si el estado entrega un monto de $245.000 al empleador para el pago de la sala cuna y el costo de atención es mayor, ¿quién asume la diferencia?, la trabajadora, el empleador?, ¿la madre tendrá que buscar la sala cuna que se acomode al valor independiente de la calidad de dicha sala cuna, del proyecto educativo que ese establecimiento ofrezca?, ¿tal vez el empleador establezca un convenio con una determinada Sala Cuna? ¿acceder a una sala cuna dependerá nuevamente de la capacidad de copago de la madre? ¿Segregación en educación inicial? ¿Quién garantizará la calidad de la Sala Cuna? Actualmente y con los cambios por la instalación de la Superintendencia de Educación Parvularia los establecimientos públicos deben contar con reconocimiento oficial y los establecimientos particulares con autorización de funcionamiento, todo esto otorgado por el Ministerio de Educación, la pregunta es: ¿las salas cunas particulares tendrán los recursos y capacidad para acceder a la autorización de funcionamiento?, ¿hoy, cuántos establecimientos particulares podrían cumplir con estos requisitos?
¿Por qué esos recursos, que son muchos, no fueron pensados de mejor forma?, como la de mantener la política pública de implementar salas cunas y jardines infantiles públicos. Hoy sabemos que, en Puerto Natales, por ejemplo, en 4 años, de 2014 a 2018, se aumentó cobertura al 100%, hoy cualquier familia tiene acceso universal a sala cuna en esa comuna.
Un segundo aspecto es que una Sala cuna de calidad es un derecho de la niñez, el estado chileno se comprometió a garantizar el acceso universal a la educación porque es un derecho y si bien este proyecto del gobierno lleva este título, lo cierto es que está pensando desde la perspectiva de garantizar el cuidado de los lactantes para que la madre pueda trabajar, es distinto el enfoque, ¿cierto? Con esta política se busca dejar a los niños en los establecimientos para que las madres trabajen tranquilas, a cargo de prestadores particulares, que lucrarán con fondos del estado, por tanto, se superponen políticas y derechos de infancia y educación. Chile ratificó la Convención de los derechos del niño en 1990, desde ese año se ha avanzado en calidad, en cobertura e institucionalidad. Aun hay mucho que avanzar, como en coeficiente de adultos por cantidad de niños y niñas, por ejemplo.
Haber declarado que la educación es un derecho, construir nuevos establecimientos y aportar con nueva institucionalidad va por la vía de los compromisos asumidos por el estado en la ratificación de dicha convención. Esta propuesta de sala cuna universal y la posible implementación de cuidadoras certificadas, segundo anuncio hecho por la Ministra de la Mujer va por la línea incorrecta, Chile ya superó la barrera de la asistencialidad en educación parvularia hace años.
