El Tribunal del Trabajo de Punta Arenas, estableció que el despido del que fueron objetos los hoy ex funcionarios de la OPD (Oficina Protección de Derechos) de Punta Arenas dependiente de la Municipalidad en convenio con SENAME fue carente de legalidad, por lo que deberá pagar indemnización por el despido, además de las deudas previsionales, y derechos laborales impagos como vacaciones, entre otros. Lo que bordea los 50 millones de pesos.
Los funcionarios despedidos injustamente por el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich fueron el Director, la Trabajadora Social, Psicólogo, personal administrativo y auxiliar, que llevaban entre 4 a más de 10 años aproximadamente, en tareas de intervención en la comunidad, los cuales fueron representados por el abogado de la plaza Carlos Abarzua.
En la época se estableció el cierre del Programa Municipal para la atención preventiva y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la comuna de Punta Arenas, asumiendo esa cobertura la OPD Provincial que funcionaba en la Gobernación de Magallanes.
