Por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad fueron enviados a prisión preventiva por el magistrado de Porvenir, Franco Reyes Pozo, los tres imputados por la Fiscalía de Tierra del Fuego por el delito de tráfico de drogas mantenido en la capital fueguina, los hermanos Patricio Eugenio y Cristian Javier Figaredo Moreno y la pareja de éste último, Tamara Yorka Vargas O’Ryan. El trío de recientes residentes isleños es originario de la ciudad de Iquique, en cuyo Juzgado de Garantía y en el de Pozo Almonte, registraba cada uno indistinto pero nutrido portuario con sentencias ejecutadas, prisión preventiva y pago de multas por delitos como robo por sorpresa, robo en lugar no habitado, robo con violencia, microtráfico, tráfico de estupefacientes, porte de armas cortopunzante y cortante y receptación, entre otros.
Precisamente, por mantener prisión preventiva en curso en la ciudad nortina, la única imputada mujer fue en el acto sentenciada a cumplir prisión efectiva por el juez fueguino, por lo que solicitó su traslado a Iquique, donde mantiene vínculos familiares.
Investigación de la presencia de drogas en la comunidad
En tanto, los hermanos Figaredo Moreno fueron ingresados por Gendarmería al CDP porvenireño, ya que aunque uno de ellos fue detenido en la capital regional, su vinculación de trabajo y residencia la había establecido desde hace meses en esta ciudad. Cabe consignar que el defensor penal público de Porvenir, Juan Carlos Rebolledo, realizó una vehemente oposición a la solicitud de la fiscal titular de esta ciudad, Wendoline Acuña, para imputar a los tres acusados por el delito de tráfico de drogas.
El juez finalmente, estimó que existían antecedentes suficientes como para la existencia del ilícito.
Cabe recordar que la detención de los 3 imputados se originó a raíz de un operativo de la PDI que incluyó seguimientos, escuchas telefónicas y allanamiento en los domicilios.
Al mismo tiempo, se les halló en los hogares 16 plantas de cannabis sativa en etapa de crecimiento en una habitación especialmente preparada para ello y diversos contenedores con droga en polvo, una balanza, los celulares de las escuchas y distintos elementos relacionados, entre ellos una hoja con un listado de compradores.
Al parecer -como denotó la fiscal Acuña- la venta no era menor, sino que ya había establecido un tráfico constante que incluía a menores de edad fueguinos.
Frente a esta grave situación la comunidad volvió la levantar la solicitud de que se vuelva a instalar la PDI en Tierra del Fuego con el fin de llevar a cabo un proceso de apoyo en la investigación y erradicar esta situaciones de la isla fueguina, que ya se torna frecuente en los titulares policiales. Así como también fortalecer las tareas de prevención y de tratamiento.
FOTOS Félix Iglesias M.:
