Tras el informe de la Superintendencia de Educación en donde se detalla que la utilización de los fondos SEP son exclusivos para fines establecidos en el reglamento de la misma ley, los Concejales de la Comuna de Punta Arenas, Daniela Panicucci, Verónica Aguilar, Mauricio Bahamondez y José Aguilante, llegaron hasta la Fiscalía Local, para solicitar al fiscal económico que se inicie una investigación a fin de establecer las responsabilidades penales que pudieran caber por infracción al artículo 236 del Código Penal, según los hechos que a continuación se detallan:
El señor Claudio Radonich Jiménez, alcalde de la Comuna de Punta Arenas, en su calidad de Presidente de la Corporación Municipal de Punta Arenas, la que a su vez es la sostenedora de la educación pública de esta comuna, utilizó durante el mes de septiembre de 2018 para el pago de remuneraciones de los docentes que dependen de dicha Corporación, fondos por $920.000.000 (novecientos veinte millones de pesos) que se encontraban en una de las cuentas de la Corporación Municipal habilitas “exclusivamente” para recibir y generar pagos asociados a la ley N°20.248 de Subvención Escolar Preferencial, SEP.
Ante esto, la Superintendencia de Educación dio respuesta en oficio ORD N° 1978 de fecha 24 de octubre en donde se indica detalladamente la imposibilidad de utilizar dichos recursos SEP en el pago de gastos generales de educación como vendría siendo en este caso las remuneraciones.
De esta respuesta se puede obtener los argumentos que sustentan la presente denuncia que busca que más allá de las responsabilidades administrativas que arrojará la fiscalización iniciada por la propia Superintendencia de Educación, en el entendido de una “Flagrante” infracción al usos de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial.
En lo concreto estimamos necesario que sea el Ministerio Público el que ponderando los antecedentes y requiriendo los que estime necesario y usando las herramientas que el mismo código procesal le asigna a vuestra institución investigue y de reunirse los antecedentes correspondientes formalice la misma y se proceda a buscar que los tribunales de justicia sancionen a quienes resulten responsables del posible delito contemplado en artículo 236 del Código Penal.
Los concejales no descartaron solicitar al Consejo de Defensa del Estado, que se haga parte en esta investigación, dando cuenta que además del mal uso de los recursos, las sanciones pueden ser bastante complejas para la comuna, desde la devolución de los dineros, multas por ese mismo concepto, hasta perder el beneficio de subvención escolar preferencial.
