Aunque el Alcalde Claudio Radonich intente convencernos de lo contrario, el anunciado “traspaso” de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) a la Gobernación Provincial de Magallanes no representa una buena noticia para los niñ@s y adolescentes de Punta Arenas.
Lo dado a conocer el día de ayer, por el Alcalde en compañía del Seremi de Justicia , Director Regional de SENAME y Gobernador de Magallanes, no viene sino a confirmar los temores manifestados por diferentes actores de la red que venían anticipando el cierre, tras 17 años de funcionamiento, de la OPD de Punta Arenas.
En efecto, se desconoce qué se firmó entre estas instituciones, aparentemente una medida administrativa para asegurar la atención de la población infantil que pertenece a la comuna de Punta Arenas a través la OPD provincial, creada para colaborar con las comunas rurales.
Lo cierto es que el Alcalde se negó a dar continuidad al convenio con SENAME, tal como lo ocurrido al inicio de su gestión año 2016 con el cierre de Programas en convenio con esta misma institución (PPF- PIE ), decisiones que generan incertidumbre, vulneración en la comunidad directamente atendida y en los trabajadores respecto de su futuro laboral.
Sería oportuno y provechoso para el buen debate público, conocer las razones que tuvo el alcalde para rechazar la OPD al alero de la Municipalidad. Esta medida constituye un retroceso absoluto en materia de descentralización de políticas públicas y representa en la práctica, una clara concesión del poder local, hacia un órgano centralizado.
El problema de fondo que se suscita es de naturaleza política, no es un mero traspaso burocrático de un tipo de administrador a otro. Representa un renuncia explicita del Municipio de Punta Arenas con la población infantil y adolescente de la comuna. Es una decisión del Alcalde Radonich que se contrapone con el “espíritu” que ha declarado el Gobierno de Sebastián Piñera en favor de los niños, gobierno que es afín a la línea política del Alcalde. Dicho simplemente, una inconsistencia supina.
Las OPD son programas destinados a brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes, y a sus familias, que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos o exclusión social, mediante equipos profesionales multidisciplinarios. Su importancia está dada en que constituyen la “puerta de entrada” al circuito de protección
Pues bien, la mayor virtud del modelo OPD radica en su carácter territorial comunal. Por eso, son los Municipios la entidad más estratégica para su implementación, porque ellos poseen la capacidad de ejecutar y administrar proyectos de desarrollo en el ámbito local así como su mayor posibilidad de promover la participación de la comunidad. Asimismo, por su conexión con el territorio y las diferentes redes existentes, el Municipio ocupa una posición privilegiada a la hora de detectar posibles vulneraciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes.
La política comunal de infancia no puede quedar reducida a la realización de ciertos eventos que concitan el interés de los niños, niñas y jóvenes durante el año. Ellos merecen mucho más que eso.
Merecen ser tratados con respeto; merecen ser escuchados y considerados en las decisiones de la ciudad; merecen estar organizados e incidir en las políticas que estimen necesario. Por lo tanto, merecen un gobierno local empoderado, convencido que sus ciudadanos son sujetos de derechos, que no tenga temor a encarar los desafíos que exige la descentralización del país.
Merecen un gobierno comunal que mañana, les devuelva la Oficina de Protección de sus Derechos que hoy les ha quitado.
Pablo Bussenius , Abogado Seremi de Justicia 2014-2018
Gonzalo Bascuñan , Psicologo , Director Sename 2014- 2015
Christian Gallardo , Ingeniero, Director Sename 2015 -2018
Carlos Abarzúa , Abogado , Seremi del Trabajo 2014-2018
Paola Fernandez , Cientista Politica , Gobernadora de Magallanes 2014-2018
